El pasado 5 de noviembre el Ministerio de Empleo hizo públicos los resultados del paro registrado en el último trimestre de 2012.  Las cifras que ofreció difieren considerablemente de las facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística, obtenidas a partir de la Encuesta de Población Activa para el mismo periodo, el tercer trimestre de 2012. En tanto que las cifras de desempleo en España ofrecidas por el Ministerio fue de 4.883.521 personas paradas, las del INE elevaron dicha cantidad hasta las 5.778.100 personas.

Muchas personas se habrán preguntado cómo es posible tal diferencia. Y no es broma, estamos hablando de 894.579 personas demandantes de empleo que han desaparecido en el informe del gobierno. ¿Se tratará de un error del gobierno?, ¿será un error del INE?, ¿hay 4.883.521 parados como dice el Gobierno o, por el contrario, hay 5.778.100 como indica la EPA?

Efectivamente, dichos datos se corresponden con dos tipos de medición distintos entre los que existen diferencias sustanciales: mientras que el tipo de medición del paro empleado en la EPA, sigue estrictamente los criterios internacionales definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa de la Comisión Europa que regula la Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo de la Unión (EFT), a la cual deben ajustarse las distintas encuestas de los Estados miembros, no ocurre lo mismo con el modelo estadístico del Ministerio determinado por la Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985, el cual no se ajusta a dichos criterios internacionales.

¿Y por qué no se ajusta?, ¿quiénes son esas 894.579 personas desaparecidas de las cuentas del Ministerio?

            A pesar de lo que pretenden asegurar, lo cierto es que el paro registrado por los sucesivos gobiernos desde 1985 no comprende el conjunto total de personas desocupadas que están inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando un trabajo. De acuerdo con la ley anteriormente citada, existen colectivos que son excluidos en el proceso de medición: los estudiantes demandantes de primer empleo; los trabajadores agrarios eventuales de Andalucía y Extremadura; los afectados por expedientes de regulación de empleo; o los parados que asisten a cursos de formación, constituyen el grueso de las 894.579 personas que a pesar de hallarse inscritos como demandantes de empleo en sus correspondientes oficinas, no constan en las mediciones del paro realizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Es obvio, pues, que la información ofrecida por este gobierno tampoco se corresponde con la realidad del mercado laboral del país.

Desgraciadamente, hoy en día es moneda corriente el que los gobiernos se preocupen más por el impacto social de sus informaciones públicas, que por los principios de transparencia, sencillez y veracidad, que deberían ser consustanciales a toda información institucional.

Principios, además, tan fundamentales en una democracia como los mismos derechos que garantizan, a saber, la libertad de expresión, de opinión y el derecho a una información veraz.

 Damián Herrera Cuesta

nov. 2012

De la raíz del problema a la raíz de la solución

«Debemos crear nuestro mundo propio en las entrañas mismas del mundo capitalista, pero no sobre el papel y con lirismos y elucubraciones filosóficas, sino además,  sobre el terreno, prácticamente, despertando la verdadera confianza en nuestro mundo de hoy y de mañana».  Joan PEIRÓ, Ideas sobre sindicalismo y anarquismo 

Los grupos humanos producen instituciones[1] a través de la cuales regulan las relaciones entre sí y con el medio, con el fin de garantizar la reproducción, satisfacer necesidades individuales y colectivas, gestionar los conflictos y compartir códigos simbólicos.

Los recursos para la existencia que proporcione el medio físico, las habilidades desarrolladas para su explotación y la certidumbre de que las mismas circunstancias se repetirán en el tiempo, serán factores que incidirán de manera determinante en la reproducción biológica de los individuos.

Una vez realizada esta introducción, podemos considerar la presencia de oportunidades percibidas como sostenibles para la existencia, la primera explicación de la explosión demográfica.

Cuando factores externos, como largos periodos de sequías, desertización, guerras, etc., irrumpen y alteran las estructuras sociales adaptadas exitosamente al medio, pueden producirse desequilibrios de consecuencias trágicas para las sociedades humanas. Si estos factores externos son los intereses y las formas de producción capitalistas, sus consecuencias serán doblemente trágicas.[2]

Las grandes empresas irrumpen en el mundo no industrializado, generando cambios que afectan a la distribución ocupacional y espacial de la población, desintegrando las estructuras sociales y dando lugar al desarraigo cultural, la pobreza y el éxodo, todos ellos factores de fuertes desequilibrios demográficos.

La irracionalidad económica capitalista impone la transición desde una forma agrícola de autoabastecimiento hacia una condición de alta especialización en la producción de un producto que se consume lejos, en otras partes del mundo. Los mercados  y las agencias internacionales favorecen los monocultivos en la agricultura y sus equivalentes en las industrias de extracción y procesamiento, preservando así las estructuras económicas desiguales de los tiempos coloniales, adocenando a las clases dirigentes y adiestrando a sus burocracias con la connivencia de las instituciones económicas internacionales (BM, FMI, OCDE, etc.).

Las raíces del problema: La esquilmación de los recursos y del trabajo humano.

La apropiación del trabajo humano ajeno y de los recursos naturales esta en el origen de las desigualdades de poder y de riqueza. No poseer el control sobre los recursos, subordinados éstos a las decisiones de las élites nacionales, las corporaciones multinacionales y las instituciones financieras, es  realmente el grave problema al que nos enfrentamos cuando queremos lograr el mantenimiento sustentable y reproducible de los recursos (biológicos, científicos, técnicos, artísticos e intelectuales) que alimentan la prosperidad de nuestras comunidades, a través de un sistema económico y social sin deterioro de los ecosistemas. Y esto es así por dos motivos: Primero,  porque el sistema capitalista es un sistema mundial que esta ligado históricamente al trabajo forzado (consentido o no) de los países de la periferia (no industrializados); y segundo, porque la racionalidad económica capitalista, a la vez que estriba la noción de progreso en la acumulación de riqueza y no en su redistribución, promueve la competencia y la rivalidad por los recursos.

Ahora bien, de la misma manera que no poseer el control sobre los recursos es la raíz del problema,  poseerlo será la raíz de la solución.

Cultura, Economía y comportamiento demográfico

A partir de los estudios de Elinor Ostrom[3] podemos hacernos idea del papel que la cultura de la autoorganización y la autogestión desarrollada con éxito por los agricultores de los regadíos de huerta del mediterráneo durante más de 500 años, jugó en la revolución española del 36. Posiblemente, tanto la rapidez con que se organizaron y constituyeron las colectividades en Cataluña, como su alto grado de eficacia dado el contexto bélico en que desarrollaban su actividad, se debieron a la interiorización del comportamiento cooperativo de aquellas y aquellos revolucionarios, arraigado en la cultura secular del levante peninsular.

En el estudio de la sociedad se asume que si bien los comportamientos y las decisiones humanas están influidos por la cultura en la que una persona ha sido socializada, también los comportamientos y decisiones de las personas transforman la cultura. De igual modo se tiene en cuenta la influencia reciproca que ejercen las características del subsistema económico, de la estructura social  y del contexto político en la cultura de una sociedad: Una cultura puede configurar el comportamiento económico del mismo modo que puede ser configurada por él.

Por ejemplo, los procesos industriales con necesidades intensivas de mano de obra son un factor de aliento para el crecimiento demográfico. Es el caso de China, con una tasa de crecimiento industrial del 13,4% o India del 4,8. Países, ambos, con la mayor población mundial, 1.346 y 1.241 millones de habitantes respectivamente, lideres mundiales de la industria manufacturera y una alta desigualdad social por ingresos (China 0,47 en el índice de Gini; India 0,36)[4]

También la evolución demográfica en Europa desde los inicios del desarrollo industrial nos proporciona un nuevo ejemplo de cómo el contexto político, económico y social, pueden configurar los valores culturales en una sociedad, y de cómo la certidumbre que tengan las personas sobre la sustentabilidad de los recursos que posibilitan la cobertura de sus necesidades materiales o culturales, condiciona el crecimiento demográfico. Una reducción drástica de los patrones de producción asalariada se traducirá en desempleo, precariedad e incremento de la incertidumbre. Sin embargo, el aumento de las desigualdades cambia la disposición a tener hijos dependiendo del contexto cultural, reduciéndose o retrasando la maternidad a edades más tardías en el caso por ejemplo de España[5], donde la tendencia reproductiva antes de la crisis se inscribía en el marco de la Transición demográfica[6], o manteniéndose constante la predisposición reproductiva de crecimiento, como ocurre en países pobres de economía agraria (en África “excolonial” y en latinoamérica)

Toda entidad capitalista tiene por finalidad la explotación de los recursos existentes en aras de la acumulación y del poder.

Históricamente el capitalismo tiene como principal recurso el trabajo forzado humano de los países subdesarrollados de la periferia. O bien exporta o importa seres humanos destinados a la producción, o bien traslada de lugar los medios de producción. Lo mismo se apropia militarmente de los recursos naturales de los países de la periferia, que trasvasa los procesos industriales intensivos a países pobres con exigencias culturales de subsistencia, cuyas poblaciones previamente han sido sometidas a la guerra, al éxodo y el desarraigo cultural, o ambas a la vez.

Pero el proceso de acumulación en el sistema capitalista no se constituye sólo a partir de la explotación de los recursos biológicos, científicos y sociales que esquilma, sin los costes y límites que la sustentabilidad de éstos exige ( y que sí se tendrían en cuenta en un contexto productivo de decisiones y beneficios colectivos, en el cual los productores se hallasen vinculados al medio social y físico en el que desarrollan su actividad productiva), también requiere de una cultura del consumo[7].

Efectivamente, el capitalismo produce para el deseo convertido en necesidad. En las sociedades capitalistas, consumir es la aspiración continuada e ilusoria de ganar puestos en una carrera por la apariencia de poder que nunca tendrá fin.

Pero respecto a la cultura del consumo y la apropiación capitalista de los recursos, poco más diremos en esta ocasión. Nos bastará con recordar las siguientes observaciones de Jorge Riechmann:

“… las huellas ecológicas de las ciudades en los países ricos, típicamente, exceden muchísimo la superficie efectiva de la ciudad: no es infrecuente una proporción 20:1. Eso quiere decir que la localización ecológica de los asentamientos humanos ya no coincide con su localización geográfica. Las ciudades se apropian de la producción ecológica y de las funciones de soporte de la vida de regiones distantes de todo el mundo a través del comercio y los ciclos biogeoquímicos de materia y energía. Por citar algunos casos, la huella ecológica de Londres es 125 veces mayor que la superficie de la propia ciudad, la de Barcelona 470 veces, y la de Bilbao 282 veces.

Con la metodología de la huella ecológica, se ha calculado que la Tierra tiene alrededor de 11.400 millones de hectáreas de espacio ecológico productivo (en tierra firme y en el mar), lo que significa 1’9 hectáreas para cada persona de los más de 6.000 millones (actualmente somos 7000) que poblamos este planeta; sustrayendo una mínima superficie “de seguridad” para la protección de la biodiversidad, obtenemos una cifra aún menor, aproximadamente 1’7 hectáreas por persona. Pero el consumo promedio, a comienzos del siglo XXI, equivale a 2’3 hectáreas por persona, con enormes diferencias entre el Norte y el Sur. Así, el africano típico consume recursos equivalentes a 1’4 hectáreas, el europeo promedio 5 hectáreas, el estadounidense típico 9’6.”

Los más ricos nos hemos apropiado de una parte excesiva del espacio ambiental global, y con ello privamos a la mayor parte de la humanidad de la base de recursos necesaria para poder progresar [8]

De la raíz del problema a la raíz de la solución

Efectivamente, la acaparación y la sobreexplotación de los recursos biológicos del planeta marcan una pauta acelerada de desigualdad creciente, de degradación y destrucción de la vida.

La rivalidad de los intereses mundiales capitalistas por la apropiación ya fue retratada sin quererlo por Garrett Hardin al intentar demostrar que no es posible resolver los problemas ambientales por medio de la cooperación:

“Ahí esta la tragedia. Cada hombre se encuentra atrapado en un sistema  que lo compele a aumentar su ganado sin ningún límite, en un mundo que es limitado. La ruina es el destino hacia el cual todos los hombres se precipitan, persiguiendo cada uno su propio interés en un sociedad que cree en la libertad de los bienes comunes”[9]

Por otro lado, frente a la teoría de la propiedad privada y la teoría de la gestión del Estado (ambas preferidas por el señor Hardin antes que la de la cooperación) el estudio de la acción colectiva y la preservación de los recursos de uso común realizado por Elinor Ostrom[10], aporta luz sobre este asunto, mediando a favor de la acción colectiva de cooperación. No sólo demuestra la existencia de experiencias cooperativas exitosas en el aprovechamiento de los recursos de uso común, autogestionados por los propios  apropiadores a lo largo de tiempo (el más joven de los casos excede los cien años de supervivencia y el más viejo de los mil), también detrae los factores y elementos del diseño que condicionaron su éxito.

“Los apropiadores que viven cerca de los RUC[11] de los cuales se apropia y que interactúan entre sí en mucha situaciones, además de compartir sus RUC, son capaces de desarrollar normas sólidas respecto a un comportamiento aceptable y expresar sus expectativas en encuentros mutuamente reforzantes.”[12]

El mismo marco de análisis que Ostrom elabora para el análisis de la auto-organización y autogestión de los recursos de uso común puede valer de referencia para el cambio en las relaciones y la gestión de la producción y el aprovechamiento de los recursos de una comunidad donde los pobladores/productores interaccionan e interactúan en un medio físico determinado:

“… de este modo, es posible que aprendan en quién confiar, qué efectos tendrán sus acciones sobre los demás y sobre los RUC, y cómo organizarse para obtener provecho y evitar daños. Cuando los individuos han vivido en este tipo de situaciones durante un tiempo considerable y han desarrollado normas compartidas y patrones de reciprocidad, poseen un capital social con el que pueden construir acuerdos institucionales para resolver los dilemas de los RUC.”[13]

El sistema mundial de relaciones de producción capitalista responde a la acción de apropiadores que actúan de forma independiente en un contexto económico de desconfianza e incertidumbre, en el cual, las “estrategias de los individuos tienen que ver con el comportamiento oportunista que pueden esperar los apropiadores de otros apropiadores.” [14]

Detener esta espiral de destrucción y crimen es posible si se logra recuperar el control social sobre la utilización de los recursos biológicos, científicos y culturales existentes en el entorno de las comunidades, y esto no podrá ocurrir si no potenciamos la cultura de la autoorganización cooperativa y la autogestión del trabajo. Sólo de este modo podremos abrir la posibilidad de que se produzcan nuevos viros sociales, nuevos rumbos éticos, nuevos valores de convivencia y renovadas ideas de prosperidad compartida.

[1] “…una institución social es una organización relativamente compleja de relaciones sociales sujetas a ua normativa y dirigidas a la consecución de un interés o a la satisfacción de una necesidad.” Social Relations and Social Structure, de E. T. HlLLER, New York, Harper and Brós,- 1947, págs. 73-74.

[2] Agregamos a la tragedia material por la extinción de la vida, la tragedia ética y moral humana.

[3] Elinor Otrom, Politóloga estadounidense, autora de la obra: “El Gobierno de los bienes comunes”. Libro y autora se citarán a menudo en este artículo.

[4] El índice de Gini mide la desigualdad de ingresos en un país. Un índice cercano a 0 indica mayor igualdad. Un índice cercano a 1 indica alta desigualdad

[5] Cuya tasa industrial decrece -1,4 (incluido el sector de la construcción y la minería) afectando al sector servicios asociado, y donde se registraron un promedio de 5.650 nacimientos menos por año entre 2007 y 2011, periodo en el que se destruyeron 3,8 millones de empleos.

[6] La transición demográfica explicaría el paso de un régimen demográfico preindustrial, presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad a otro industrial con un fuerte incremento de la población y posteriormente post-industrial, con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad.

[7] “A medida que una sociedad se va volviendo cada vez más opulenta, las necesidades van siendo creadas cada vez más por el proceso (productivo) que las satisface", por lo que "la producción crea mayores necesidades y la necesidad de una mayor producción” Galbraith, Jon Kenneth: "La sociedad opulenta", traducción caste­llana de Carlos Grau Petit Barcelona, Ediciones Ariel (1 ed, 1960), 2 edición revisada 1969, págs 174-175.

[8] Jorge Riechmann, Un apartheid planetario. Ecología, globalización y desigualdad socioeconómica. Congreso Vasco de Sociología, 26 de febrero de 2004, Bilbao. (Pag. 6) 

[9] En Elinor Ostrom (2011; p.37).

[10] Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, La evolución de las instituciones de acción colectiva. UNAM; Fondo de Cultura Económica, México,2011, 2ª Edición

[11]  Recursos de Uso Común,

[12] Ibíd. p.344

[13] Ibíd. P. 311

[14] Ibíd. p. 86

Damián Herrera Cuesta, Sociólogo y miembro del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión (ICEA).Septiembre de 2012. Para la revista “al margen”

EDUCATIONAL BEWILDERMENT

Publicado por la Revista Nómadas

Damián Herrera Cuesta

 Resumen:

Tras el fracaso del pacto por la educación 2010, no preguntamos por las diferencias de las políticas educativas entre las dos fuerzas hegemónicas en el panorama político de Español, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Especialmente nos interesamos por las propuestas en política educativa del Partido Popular (PP). En el análisis destacamos la reiteración de dos propuestas centrales de actuación y práctica de las políticas educativas de la Derecha española. Estas propuestas son la Titularidad y la Libertad de elección del centro educativo.

Siguiendo las justificaciones teóricas de un importante exponente político de referencia dentro del Partido Popular en cuanto a Política educativa se refiere, Francisco López Rupérez, actual Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, nos proponemos un ejercicio de exploración de posibilidades futuras, comparando los resultados esperados por dicho autor tras la implementación de la política de Concierto Educativo, con los indicios que su práctica nos ha dejado hasta el presente. Para ello recurriremos al estudio que la Doctora Ana Villarroya Planas realizó en el año 2000, sobre los efectos de la aplicación del Régimen de concierto educativo en España.

Palabras clave: Escuela, Política Educativa, Libre Elección de centro, Flexibilidad

 Abstract. After de failure of educacional pact 2010, we ask ourselves about the differences between educational policies of the most important politics parties in Spain: P.P. (Patido Popular) u P.S.O.E. (Partido Socialista Obrero Español). Specially we interested about the educational proposals of P.P. (Partido Popular). 

In the analysis emphasize the repetition of two main proposals for action and practise of educational policies of the right-wing Spanish. These proposals are ownership and freedon of choice of school.

Thinking in the theoretical justifications of a political exponent and important reference of P.P. about educational policy, Francisco López Rupérez –current president of Community School Board of Madrid-, we propose an exercise of exploration of future possibilities, comparing the results expected by the author after the implementation of state subsidy of private school with indications that the practice has left to is to date. So that we analyze the study of Dr. Ana Villarroya Planas (it was made in 2000), about the effects of application of state subsidy of private school in Spain.

Keywords: School, Education Policy, Freedom of choice of school, Fexibility, Key competences.

“La educación como medio por el cual (la sociedad) prepara en el corazón de los niños (imprecisión, que hace referencia al marco de representaciones emocionales, sentimentales e ideológicos de la sociedad, al espacio de los deseos y aspiraciones del individuo en una sociedad determinada) las condiciones esenciales de su propia existencia como sociedad”…Tiene como función:1º, suscitar cierto número de estados físicos y mentales que la sociedad a la que pertenece considera que no deben estar ausentes en ninguno de sus miembros; 2º, algunos estados físicos y mentales que el grupo social particular considera igualmente que deben estar presentes en todos aquellos que lo integran.

  Durkheim (1974) (1895). Educación y Sociología 

A raíz del consenso fracasado durante el pasado año 2010, entre los dos partidos dominantes de la esfera política, PSOE y PP, en la firma del “Pacto Social y Político por la Educación 2010”. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Qué propuestas políticas promueve la Derecha Conservadora (PP) en el ámbito educativo y qué idea de la escuela subyace en su discurso político?

En principio la idea era diferenciar la política educativa basada en la igualdad de acceso y orientadas a la selección de los más capaces en función del mérito (Meritocráticas), propuesta por el partido conservador, el PP, de la política  educativa basada en la igualdad de condiciones y en la igualdad de logro argumentada por el PSOE.

Empecé reconociendo dos ideas básicas enfrentadas respecto a los fines y a los medios que deberían ordenar el sistema educativo y hacia las que tienden cada una de las dos ópticas enfrentadas, al menos argumental e ideológicamente, otra cosa es la práctica política de cada una de las facciones. Por un lado, se plantea un sistema educativo como sistema único, por el cual han de transitar necesariamente todos los individuos igualmente. Esta visión es una argumentación corriente en el grupo social-demócrata (PSOE). En el otro extremo se distingue como argumento subyacente en el discurso político un sistema escolar segregado, por el cual no todos los individuos necesariamente tienen por qué transitar “igualmente”. Esta idea la identificamos en el grupo conservador (PP). Dicho esto, es importante señalar que si bien no se discute la existencia de diferencias sustanciales entre ambas facciones, también es cierto que ambas comparten la misma idea funcional de la institución educativa, concebida como un sistema o proceso socializador cuyo fin no es otro que integrar funcionalmente al individuo en la sociedad.

Aquí, por un lado, como dicen Bourdieu y Passeron (Bourdieu y Passeron, 1970), las diferencias entre las diferentes facciones enfrentadas no son sino apariencias una vez se han descartado aquellas opciones que, realmente transformadoras, resultarían contradictorias entre las expectativas que el sistema educativo suscita en términos de «liberación», de autorrealización y de movilidad social vertical, y la imposibilidad del sistema social (mercado de trabajo) y del mismo sistema escolar (mecanismo de selección, de clasificación, de ordenamiento e incluso de exclusión) de satisfacerlos en los términos adecuados.

En este sentido, el Sociólogo Julio Carabaña afirma que no existen diferencias entre las propuestas de la LOCE y la LOGSE, si bien observa que existe una explicación subyacente a una supuesta oposición, y ésta tiene que ver más bien con la propaganda política, la cual tiene como primera consecuencia: “expropiar a los profesores la facultad de decidir cómo enseñar (quizás deba subrayar que dejo fuera el qué enseñar) y de cómo organizar a los alumnos para la enseñanza. Facultad esta que constituye la misma esencia de la (nótese la redundancia) profesión de profesor” (Carabaña 2002).

En cualquier caso,  lo que nos planteamos es cómo las características intelectuales específicas que distinguen los diferentes modelos educativos, así como las diferentes filosofías pedagógicas en que se sustentan, se desplazan desde, digamos, su esencia, hacia el espacio de la forma política, de su expresión práctica, es decir, de su sustancia.

Este último paso nos conduce a recorrer redes de galerías, conductos, conexiones interminables de documentos, cuyo objeto no parece otro más que el de abrumarnos, lográndolo sin duda, empujándonos con urgencia a buscar desesperadamente una salida. Una salida que en algún momento del lance dejamos de considerar posible, pero que, sin embargo, bien producto de la obstinación, bien por mero instinto de supervivencia, somos capaces de hallar elevando nuestra perspectiva.

Y en el caso que nos ocupa, una vez redimensionada la perspectiva, claramente identificamos dos ejes en torno a los cuales giran los discursos, réplicas y contra réplicas, en el enfrentamiento político y que, sin ser los únicos, podemos considerar como los más reiterativos. Estos ejes son los siguientes: La Titularidad y la Libertad de elección del centro educativo.       

Siguiendo a la Doctora Sara R Morgenstern, ciertamente las líneas de demarcación entre la social-democracia y la derecha conservadora ya no son tan nítidas en lo que respecta a la gestión económica. Ahora bien, tirando de este mismo hilo, es decir, considerando que con gestión económica hacemos referencia a las estrategias políticas con que ambas facciones quieren hacer frente a los procesos económicos actuales, caracterizados éstos por un cambio del paradigma de producción en masa (fordismo) a otro flexible y adaptable, y enlazándolo con el hecho de que, al menos en los países desarrollados, las relaciones de producción, empleo y educación están cohesionadas en torno al desenvolvimiento del sistema productivo, podemos decir que, del mismo modo que las líneas de demarcación entre ambas facciones políticas no son nítidas en la gestión económica, en la misma medida, tampoco lo serán en el ámbito de sus políticas educativas.

Una explicación a esta uniformidad de fondo podemos encontrarla en la siguiente observación: “… las recientes reformas educativas en los países occidentales deben ser entendidas siempre en relación a las mutaciones sufridas por el estado en las últimas décadas, mutaciones que, (…) se corresponden con la crisis del estado de Bienestar y la consecuente victoria del modelo Neoliberal…” (Encarna Rodríguez 2001). En este sentido, podemos encontrar orientadoras e ilustrativas las directivas, las recomendaciones, conclusiones y demás prerrogativas expresadas por el Consejo de la UE entorno a lo que han venido a denominar “Competencias Clave” (DO L 394 de 30.12.2006, p. 10). Preceptos que contienen todo un compendio de “actitudes” y “aptitudes” que deben incluirse como objetivos de resultados en los respectivos programas educativos de cada uno de los países miembros.

“Competencias clave” frente a los nuevos cambios que, como pez que se muerde la cola, nos remiten de nuevo a la idea de educación flexible, es decir, adecuación a las nuevas exigencias de cualificación requeridas por los nuevos procesos productivos, a las que hay que sumar nuevas aptitudes de adaptabilidad, así como unas actitudes positivas para una “disponibilidad laboral flexible”.

Tan singular como oportuno es ahora revelar que la citada Recomendación del Consejo Europeo, (DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.),  fue suscrita por el social demócrata Josep Borrell Fontelles, Presidente del Parlamento Europeo entonces, (2006), y destacado portavoz político del PSOE.

Una vez clarificado el deber unívoco existente para ambas facciones en cuanto a los resultados del proceso educativo prescritos por la UE frente a los cambios económicos: “garantizar que los ciudadanos europeos adquieran las competencias clave necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios”, sólo nos queda adentrarnos en aquellas prácticas ya señaladas, Libre Elección y Titularidad de centros, entorno a los que giran las actuales divergencias en política educativa en España: Social Demócratas versus Derecha Conservadora.

Una forma de introducir los contenidos de lo “sustancial” en cuanto a propuestas en política educativa promovidas por el lado de la derecha conservadora, es recurriendo al término “Flexibilidad”, cuyas acepciones desde el punto de vista de la Tecnología y desde el punto de vista de la Sociología, asociadas tanto al campo de la producción, del empleo como de la educación, ya han sido reunidas por Jácome, Rivero y Sánchez (2004).

Siguiendo a estas autoras, Sennett (2001) introduce “la repugnancia a la rutina burocrática” en la acepción del término en su uso actual. Es decir, flexibilidad en base a esta acepción se nos presenta como antitesis de burocracia.

Para esta ocasión tomaremos como referencia las ideas que el ex-secretario del Ministerio de Educación durante el gobierno Conservador de Aznar y actual Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, Francisco López Rupérez, expone en su artículo “El porqué de la libre elección de educación” (1995), donde realiza una defensa explícita de la libre elección del centro educativo, así como una tácita apuesta por la titularidad privada de éstos, afirmando, por ejemplo, que la libre elección promueve la autonomía de los centros “ y, por su mediación, limita los efectos de una burocratización del sistema y de sus relaciones con los usuarios”, retratando de este modo su afinidad, dentro de las posiciones Neoliberales, a la corriente “nueva ola de gerencia”, que describe de la Garza (2000) en su estudio de los diversos significados atribuidos al término “flexibilización” dentro del proceso productivo, centrada en los conceptos de “calidad total y justo a tiempo” y en donde no se busca “el equilibrio sino la mejora continua”.

Francisco López Rupérez, esgrime lo que serán los argumentos que justifican el reconocimiento de la libre elección reuniéndolos en dos grupos. En uno concentrará los de carácter político y en el otro los de carácter técnico.

Dentro de los primeros, y en primer lugar, hace alusión a una disputa histórica entre el Estado y la familia por orientar y dirigir la educación, y a este respecto alude a las soluciones por las que los países desarrollados han optado, al menos a aquellas inclinadas  a favorecer la libre elección de las familias, caso expreso, según expone el propio autor, de Holanda. En segundo lugar apela al derecho, asegurando que la libre elección garantiza la igualdad de oportunidades además de ser una estrategia privilegiada para mejorar la calidad de enseñanza.

Precisamente es en torno a la calidad de la enseñanza donde giran los motivos de carácter técnico afiliados al segundo grupo. Éstos, a través de dos tipos de mecanismos diferenciados, el psicosocial y el organizativo, serán los encargados de vincular la libre elección de centro con la mejora de la calidad educativa.

Los mecanismos de tipo psicosocial resaltan los efectos motivacionales en padres y alumnos, reforzando las actitudes positivas y los respectivos compromisos con los centros libremente elegidos. Y si a esto le agregamos el efecto positivo que sobre el grupo de profesores tendrá la autonomía de gestión, dice, se “establecerá un “ethos” que moldeará la experiencia de los protagonistas, contribuyendo al éxito en la consecución de metas comunes”.

Los mecanismos de tipo organizativo insisten más en los efectos positivos derivados de la autonomía de gestión, concepto para el autor inherente a la idea misma de la Libre elección de centro: “La libre elección, dice, promueve eficazmente la autonomía de los centros y, por su mediación, limita los efectos de una burocratización del sistema y de sus relaciones con los usuarios”. Esta autonomía de los centros de enseñanza se logra introduciendo mecanismos de mercado en el sector público educativo, es decir, inoculando flexibilidad al proceso productivo educativo como antídoto contra la configuración burocrática del sistema.

La libre elección y la autonomía estimularán la responsabilidad de los centros y promoverán la mejora de su gestión económica, asegura el autor. Esta responsabilidad conllevará el incremento de la implicación del profesorado con la calidad profesional “sabiendo que su conducta va a ser valorada por los usuarios del servicio y, consiguientemente, por la institución”. Además, al actuar como una organización autónoma, el centro incrementará su responsabilidad en cuanto a la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos.

Otros de los efectos de la libre elección de centro son, por un lado, el mayor disfrute de los profesores al poder definir y desarrollar programas específicos enfocados a un mejor ajuste entre oferta y demanda estimulando así la diversificación, y por otro, el aumento de la transparencia de los centros hacia el exterior: “La captación del cliente, asegura, requiere el poner debidamente el acento en la comunicación”.

Hasta el momento hemos venido exponiendo la justificación teórica para implementar las políticas de Libre Elección y Autonomía de Gestión de los centros, promovidas por las filas políticas de la Derecha Conservadora en España, basándonos en el trabajo de uno de sus máximos exponentes ideológicos, F. López Rupérez, ex-Secretario General de Educación en el Gobierno conservador de Aznar a partir de 1998, y actual Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid con el gobierno conservador de Esperanza Aguirre.

Ahora bien, bregando en este espacio de la sustancia política se hace necesaria una mirada metodológica sobre sus efectos sobre la realidad social. Como dice el propio López Rupérez, “Tanto para definir, con alguna seguridad, las prioridades como para corregir, en su caso, las actuaciones es preciso basar las políticas no en meras suposiciones sino en el soporte que nos facilita una comprensión profunda de los fenómenos y que reposa sobre las evidencias empíricas” (López Rupérez, F., 2010).

Pues muy bien, mira por donde la oportunidad de conocer dichas evidencias empíricas nos la va a proporcionar la Doctora Ana Villarroya Planas, a través de su estudio “La financiación de los centros Concertados” (Villarroya, 2000).

Uno de los aspectos que trata en su trabajo son las reformas de la enseñanza que tuvieron lugar durante los años 80 y 90, y que tenían entre sus propuestas la Libertad de Elección de centro. Concretamente nos interesan los resultados del análisis descriptivo de la evolución del gasto público en la enseñanza privada entre los años 1985 y 1995 en España, así como la evolución empírica de sus efectos tanto en el campo de la equidad como en el de la eficiencia.

Los datos y conclusiones del análisis de Villaroya, pueden resumirse del siguiente modo:

El gasto público dedicado a la enseñanza privada no universitaria para el período 1985-1995 aumentó una tasa anual acumulativa del 1,78%, manteniéndose estable en un 0,47% del PIB¹, debido al incremento que en el mismo período tuvo el gasto público educativo como consecuencia de la implantación de las reformas del sistema.

Los conciertos entre el sector público y el privado no se extendían, tampoco entonces, igualmente entre todas las comunidades. El estudio revela que las comunidades con un mayor PIB Per capita son las que más recursos vierten a la enseñanza privada, destacando Madrid, Cataluña, Navarra y el País Vasco.

El peso de la aportación de la administración pública en la financiación de los Centros privados de enseñanza se sitúa por encima del 60%, procediendo el 40 % restante de las familias a través de aportaciones voluntarias a fundaciones (muchos centros privados se constituyen como Fundaciones), pagos por actividades y servicios complementarios, etc. Prácticas que “enturbian el principio de gratuidad de la enseñanza en centros concertados”. Su conclusión es que dicha política de concertación no ha eliminado las barreras económicas y sociales que dificultan el acceso a estos centros de las familias de menor renta.

Una de los factores que tienen importancia en la participación de los grupos de menor renta, es la existencia de actividades complementarias cuya voluntariedad es desconocida por la gran mayoría de los padres, debido a las limitaciones socioculturales de acceso a la información o bien a su inexistencia misma, y que constituyen una barrera económica al acceso.

En este sentido, las clases medias son las que más se benefician de la financiación pública de la enseñanza privada, existiendo leve un incremento en las decilas inferiores de renta, ahora bien, este mayor aprovechamiento de las clases medias responde, primero, a que los grupos de rentas más bajas siguen sufriendo fuertes restricciones de acceso, y segundo, a que el acceso de los grupos de rentas más altas no se encuentra condicionado a la financiación o no por la Administración.

El mayor aumento de participación de las familias de menor renta se ha producido en la Educación Primaria. En educación secundaria, por la rama académica, ha habido una clara participación de las decilas superiores de renta mientras que por la rama profesional destaca la participación de las decilas intermedias y de las inferiores. En este sentido, sin duda, destaca el hecho de que las posibilidades de elección de centro en los diez distritos analizados de Barcelona son mayores en los niveles inferiores que en los niveles superiores del sistema educativo.

En cuanto a los costes de personal, éstos siguen siendo muy superiores en la enseñanza pública en contra de los objetivos fijados por la política de conciertos, mientras que los costes de funcionamiento y los costes de capital han experimentado una pequeña aproximación. Tampoco la competencia entre centros privados y públicos ha hecho disminuir los costes de producción de los servicios educativos, contradiciendo también en este punto los presupuestos teóricos de partida.

Contrariamente a las deducciones idealizadas por F. López Rupérez en torno a las conveniencias de la Libre Elección de Centro, Villaroya viene a concluir en su estudio que, efectivamente, existen mecanismo de control, y por lo tanto de selección, en los centros privados concertados que limitan el acceso del alumnado según su origen socioeconómico y sociocultural: “la concesión de conciertos educativos a centros que no satisfacen necesidades de escolarización, la permisividad de prácticas de selección del alumnado en los procesos de admisión de algunos centros concertados, la falta de difusión de información sobre la voluntariedad de las actividades complementarias y las aportaciones a fundaciones son algunas de las barreras que limitan el acceso a estos centros, fundamentalmente, de los grupos de menor renta”. 

A nuestro parecer las prácticas discriminatorias empleadas por algunos centros concertados, desde la gestión de la información a la aplicación de sutiles procesos de selección no arbitrarios, pueden explicar, por ejemplo, el por qué los alumnos en los centros públicos, según se desprende del análisis comparativo realizado por Jorge Calero y Josep Oriol, “Los que se quedan atrás”, y que toma como referencia el informe PISA España 2003, tienen el 27% de probabilidad de situarse en el grupo igual y menor a 1 en la puntuación de las pruebas de matemáticas,  frente al 17% de los alumnos en los centros privados concertados y un 11% de los Centros privados independientes, ya que la variable que se maneja para explicar esta diferencia son las peores puntuaciones obtenidas por los alumnos que proceden de familias inmigrantes (Calero y Oriol 2006), cuyo contexto sociocultural se sitúa en el nivel bajo.

En los datos del curso 2008-2009, publicados por el Ministerio de Educación, se cifra en 743.696 el número de alumnos extranjeros en el sistema educativo (enseñanzas de régimen general y de régimen especial). De los que están escolarizados en las enseñanzas de régimen general (infantil 2º ciclo, Primaria y Secundaria obligatoria), 723.513, estudian mayoritariamente el 82,4% en centros públicos, y únicamente el 17,6% lo hacen en los privados. Si, por el contrario, examinamos los datos de escolarización total, la distribución se equilibra más, ya que el 67,3% de los alumnos que cursan enseñanzas de régimen general asisten a centros públicos y el 32,7% a privados. Esta variable de la acumulación de alumnos que proceden de familias inmigrantes en los centros educativos, no es un asunto nada baladí si tenemos en cuenta el informe realizado por la oficina del Defensor del Pueblo y la Unicef-comité de España, “La escolarización del alumnado de origen inmigrante en España, 2003”. Según este informe, el 79,6% del profesorado opina que la presencia de alumnos y alumnas de origen inmigrante no influye sobre el rendimiento académico del resto del grupo siempre y cuando su número no supere el 30% de alumnos. En este caso, más de la mitad del profesorado (el 52,5%) considera que el rendimiento académico se ve afectado negativamente.

Finalmente, no siendo lo anterior más que una somera comparación de las consecuencias empíricas descritas por Villaroya, derivadas de la implementación de una política de Conciertos Educativos inspirada en la Libre Elección y en la Autonomía de Gestión preconizada por la Derecha Conservadora, no deja de sorprendernos la congruencia entre la esencia funcionalista de aquellas ideologías más complacidas en el orden social existente, con su práctica política, con su sustancia. Sustancia expresada en términos tan mensurables como Mérito, Autonomía de Gestión  o Libertad de Elección de Centro, los cuales no dejan de ser sino eufemismos con los que se redefine una vez más la escuela como mecanismo de selección, de clasificación, de ordenamiento y de exclusión.

Notas

^{1 “}Desde 1992 hasta 2007, el porcentaje de gasto público en educación dedicado a conciertos ha pasado del 9,12% al 10,69%. Debido al proceso de transferencias, el porcentaje correspondiente al Ministerio de Educación ha disminuido a partir de 1998 siendo desde el año 2000 casi inapreciable, mientras que el de las Administraciones educativas autonómicas ha aumentado más de cuatro puntos porcentuales desde 1992, incrementándose del 6,21% hasta el 10,66% en 2007.” Instituto de Evaluación. Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010.

Como referencia de contraste destacamos que en la Comunidad de Madrid la enseñanza privada se benefició de un incremento del 67% en las subvenciones públicas durante el período 2000-2005, mientras que para el conjunto del país dichas subvenciones se incrementaron un 51%. Instituto de Estadística de Comunidad de Madrid, 2011.

Bibliografía:

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5. López Rupérez, Francisco (1995): "El Porqué de la Libre Elección en Educación". Nueva Revista Nº 42. pp. 80-91.
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17. Anuario Estadístico de la Comunidad de Madrid 1985-2010 (2011): Educación, formación e investigación. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 2011

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EL CORAZÓN DE UN DESIERTO

Publicado por El Viejo Topo y el Club Antígona, 2009

Autor Damian Herrera Cuesta

Las afirmaciones tanto de Amartya Sen sobre la libertad de expresión como el estudio de Martha C. Nussbaum sobre las capacidades, me llevan a reflexionar sobre la correlación existente entre el grado de Libertad de Expresión dado en una sociedad y el nivel de prosperidad humana alcanzado en dicha sociedad. Un estudio de estas proporciones merecen toda mi atención y mi máximo interés. Por el contrario, como suele suceder en estos casos, la falta de medios limitan el tiempo que el científico o el escritor, pueden dedicar a este tipo de estudios. Para el Club Antígona adelanto este breve artículo publicado por El Viejo Topo en su número de abril, y en el cual hago un somero análisis de la libertad de expresión existente en España, extensible, salvo algunas peculiaridades, tanto al resto de occidente, principalmente, como al resto del mundo en general.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EL CORAZÓN DE UN DESIERTO

Antes de comenzar a hablar del derecho a la libertad de expresión y su valor real para la vida de los ciudadanos en nuestro país, es conveniente hacer una pequeña consideración respecto a su importancia en el marco de los derechos fundamentales en el que se inscribe. Efectivamente, al constituir éstos la materialización histórica de una concepción moral que tiene como objeto la dignidad humana, y que a su vez tiene los valores de libertad, igualdad y apoyo mutuo como vías para alcanzarla, se hace esencial que las condiciones sociales y materiales, que finalmente serán las que favorezcan o constriñan esta idea de la prosperidad humana, se hallen permanentemente sometidas al juicio crítico de la sociedad en su conjunto.

Para una reflexión acerca de las posibilidades de ejercer la libertad de expresión en nuestro país, podemos empezar recabando algunos datos significativos, como el número de denuncias que fueron realizadas por los ciudadanos españoles ante el Tribunal Constitucional invocando el derecho a la libertad de expresión. Éstas sumaron un total de 81, el 0,82 % del total de denuncias ingresadas por el TC en 2007. Sin embargo, estos datos pierden su valor significativo al contrastarlos con otros más recientes, como los datos de opinión que recoge el baremo del CIS de marzo del presente año, el cual nos dice que el 50% de la población encuestada dice tener escasa confianza en la administración de justicia, o que el 75 %, en caso de verse envuelta en algún conflicto, preferiría no poner su caso en manos de abogados. La cosa se nos complica aún más cuando un informe del mismo Organismo publica que la mitad de los españoles reconoce no haber leído nunca la constitución, y que sólo tres de cada diez confiesa haber leído en alguna ocasión, al menos, uno de sus artículos.
Llegados a este punto, se hace difícil no compartir con el profesor Owen Fiss, la idea de que una verdadera democracia necesita de una cierta dosis de ilustración ciudadana.

¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad de expresión?

Para la mayoría de las personas, la libertad de expresión, consiste en el derecho de todos a manifestar y comunicar sin trabas el propio pensamiento; sin embargo, ésta, por muy comprensivos que seamos con ella, no deja de ser una concepción demasiado pobre y limitada, tratándose además de un derecho que resulta ser fundamental para la convivencia democrática.

El derecho a la libertad de expresión ampara el que las ideas se divulguen y se conozcan, se confronten y se mediten, haciendo posible un principio consustancial a la democracia, como es el de la libre elección. El mismo Tribunal Constitucional, en su sentencia 159/1986, expone lo siguiente: “la formación y existencia de una opinión pública libre, es una garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática.”

¿Realmente hay libertad de expresión?

Mi respuesta a esta pregunta es que no. Para justificarlo, tomaré como referencia cada uno de los cuatro subapartados que recoge el artículo 20 de la Constitución española, donde se reconoce nuestro derecho a la libertad de expresión. En lo que concierne al reconocimiento y protección de nuestro derecho a expresar y difundir libremente nuestros pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, daré algún dato orientativo: mientras que la edición de carácter público sólo supone el 12,6% sobre el total de la producción editorial, el 35,1% de la producción privada se concentra en 112 empresas editoriales, las cuales suponen apenas el 3,3% de las que tuvieron actividad en 2007.

Exactamente, los datos nos dicen que la producción cultural en nuestro país depende cada vez más de unas pocas corporaciones editoriales. Pero al encontrarse éstos obligados a tener en cuenta los intereses de su accionariado, la producción cultural, el arte, y por extensión también el conocimiento científico, no son libres, sino, muy por el contrario, se hallan sometidos a los criterios de ganancia genuinos de la empresa privada. De hecho, somos testigos de lo que en su día ya advirtiera el sociólogo Pierre Bourdieu, cada vez menos, la obra del artista es promocionada, siendo sustituida por productos de diseño, creados por ingenieros del marketing para satisfacer las pulsiones más primarias del espectador o del lector. Con razón dice el artista alemán Hans Hacker, en cuya obra la dimensión sociopolítica está muy presente, que si tuviera que encontrar patrocinadores en la Mercedes o en Cartier para financiar su trabajo, mal iría.

En lo que respecta al espacio destinado a la libertad individual del docente, el derecho a la libertad de cátedra, el cual es definido por el Tribunal Constitucional como “una proyección de la libertad ideológica y del derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, que cada profesor asume como propias en relación a la materia objeto de su enseñanza”, ha sido hábilmente ocupado por una justificación utilitarista de la actividad académica, que ha terminado por desplazar lo que debería ser la legitimación del saber tomando como base su valor intrínseco, sustituyéndolo por una discriminación del saber en función de su utilidad o “ganancia social”, abstracción que sólo entienden bien aquellos que insisten en hacer creer a los demás que todo beneficio privado redundará, más tarde o más temprano, en beneficio de todos. Idea atractiva por su sencillez, pero incapaz de resistir el examen de la experiencia.

Es evidente que la función crítica del saber desaparece en nuestros centros de enseñanza, y con ella, la libertad de cátedra. Pero la cosa empeora más si cabe cuando exploramos la libertad de expresión en lo que respecta al último de sus apartados: “el derecho de todo ciudadano a comunicar o recibir libremente información veraz”. En primer lugar, hay que recordar que la libertad de información no es una simple muestra de la libertad de expresión, sino, más bien, su condición primera en una sociedad democrática. Siguiendo al profesor de derecho constitucional, Juan José Solozábal, si no hay información, no hay opinión.

Dado que la teoría constitucional contempla los derechos fundamentales desde la perspectiva del compromiso y la responsabilidad institucional, más allá del terreno jurídico, se hacen comprensiblemente necesarios estudios como, “Cuando lo Público no es Publico”, realizado por Eva Moraga y publicado por Access Info Europe, dedicado a denunciar la falta de trasparencia por parte de la administración pública, y donde, ya en su introducción, nos advierte que “es la propia legislación la que en ningún momento parece haber sido pensada para facilitar el acceso a la información pública por todo aquél que lo desee, sino, muy al contrario, podría parecer incluso, dada su redacción, que hubiera sido concebida para dificultarlo”.

Seis días después de la publicación de este informe, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a promover, en la presente legislatura, una nueva ley que garantice el mayor acceso posible a la información pública. Y lo cierto es que sólo con una trasparencia total en este ámbito, será posible un control social eficaz, por ejemplo, sobre el empleo que se hace del dinero público destinado a la promoción de la creación cultural y artística, centrada exclusivamente en premios artísticos y literarios, cuyos procesos se ven condicionados por los gustos ideológicos de los funcionarios y cargos públicos encargados de su gestión.

Otro aspecto clave para valorar nuestro derecho a recibir información tiene que ver con la veracidad y la pluralidad de ésta, y dado que el conjunto de la sociedad se informa principalmente a través de los medios de comunicación, éstos tienen un papel crucial en este aspecto. Y aquí se agravan nuestras carencias. En primer lugar hay que resaltar lo siguiente: si bien los medios no nos dicen qué pensar, sí nos dicen sobre qué pensar. Si a esta evidencia le sumamos el principio de rentabilidad inherente al ideario de la empresa privada, incluido el poder de selección que ejercen en el campo de las ideas filosóficas y políticas las preferencias de sus inversionistas, nos es lícito deducir que en un país como el nuestro, donde las empresas de la información se concentran en unos pocos grupos corporativos, el derecho de opinión se halle, también en esta ocasión, conculcado.

Una rápida mirada al mundo, basta para darnos cuenta de que existe una relación, directamente proporcional, entre el grado de libertad de expresión existente en una sociedad, y el nivel de prosperidad humana alcanzado por dicha sociedad. Razón más que suficiente para sumarnos a la aserción de Rafael Sánchez Ferlosio, de que en nuestro país, la libertad de expresión “resulta inversamente proporcional a nuestra capacidad de hacernos oír, y de influir en nada que tenga importancia. Cuanto menor sea esta capacidad, más se puede decir cualquier cosa. Pero esto no significa que no haya que intentar forzar al máximo los límites.”

Damián Herrera Cuesta.

Oviedo, 2009

Otra Somalia, otro mundo

Damian H. Cuesta

El pasado 12 de febrero, Christian Baslev Olesen, responsable de UNICEF en Somalia, advertía ante la opinión pública que, de no recaudar 7 millones de euros, la organización tendría que suspender algunos de sus programas de nutrición y sanidad. Estas declaraciones, curiosamente, coincidieron con el inicio de la gira que George Bush realizó por diferentes países del continente africano, con el “objeto de promover la reforma democrática, los derechos humanos, el libre comercio, la liberalización de las inversiones y las oportunidades...”, o, lo que viene a ser lo mismo, como ya vaticinara en julio de 2006, “…hacer que Estados Unidos siga siendo competitivo obteniendo energía de bajo costo”.

Al parecer, las investigaciones que llevan realizando desde hace años las corporaciones petrolíferas estadounidenses, han abierto buenas expectativas cara a cubrir las adictivas necesidades energéticas de Estados Unidos. De hecho, pronostican que hacia el 2020 importarán del continente africano el 25% del petróleo que consume el país. A lo que hay que añadirle el incentivo nada despreciable de que ninguno de los países con recursos petrolíferos en el continente, con la excepción de Nigeria, pertenecen a la OPEP, lo que hace que no estén sujetos a límites de producción. Quizás esto explique por qué la producción del continente Africano aumentó un 36% en los últimos diez años, cuando los socios de la OPEP sólo lo hicieron un 16%.

El todavía vicepresidente Dick Cheney, allá por el año 2001, advertía al mundo en su informe Política Nacional de Energía, que la creciente demanda norteamericana de crudo tendría un peso determinante en la política exterior de EEUU. Diez años antes, el entonces jefe de estado mayor para el sudeste asiático, el general Schwarzkopf, destacaba las cualidades geoestratégicas del cuerno de África: “…el embudo estratégico del mar rojo es el centro de los intereses de EEUU (…) ya que los súper petroleros son demasiado grandes para atravesar el canal de Suez”.

Durante los últimos años, la administración Bush en Somalia, ha aplicado diferentes políticas en este sentido, desde la subvención del gobierno de los “warlops”, o señores de la guerra, lo que aquí conocemos con el nombre común de capos de la mafia, con políticas basadas en el amedrentamiento de la población y la corrupción, hasta bombardeos contra los partidarios de los tribunales Islámicos, constituidos como alternativa real de gobierno gracias al apoyo de la población cansada de los atropellos y abusos del gobierno títere. Todas estas medidas han tenido un objetivo, garantizar las inversiones estadounidenses en el continente, y una prioridad, hacerlo a cualquier precio.

En este sentido, el diplomático llamamiento de auxilio por parte del responsable de UNICEF para Somalia, nos pone al corriente de la abyecta situación en la que se halla la sociedad Somalí. 225 niños de cada mil no supera la edad de 5 años, el gobierno central protegido por los EEUU, gasta el 38% de su presupuesto en armamento, el 2% en educación y el 1% en sanidad, del resto no se sabe nada, la esperanza de vida está en 45 años, menos del 30% de la población tiene acceso al agua potable, el 27% de la población sufre desnutrición “aguda”, y ya son más dos millones de desplazados, lo que significa que más del 20% de la población vive en campos de refugiados.

A día de hoy, la petición urgente realizada por Christian Baslev Olesen para Somalia, ha recaudado 1.283.985 euros de la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ASAID), 963.236 euros del gobierno Irlandés y 1.304.549 del Departamento Internacional para el Desarrollo del Reino Unido. En total, 3,5 millones de euros, por lo que a pesar de ser sólo la mitad, la agencia de Naciones Unidas para la infancia mantiene, por el momento, sus programas de nutrición y sanidad en Somalia. Mientras tanto, el pasado junio, el Ministro de Exteriores Español, el señor Moratinos, agradece al Primer Ministro Somalí, Nur Adde, su colaboración durante el secuestro del pesquero, “Playa de Bakio”, prometiéndole una ayuda de 1,5 millones de euros en alimento de emergencia.

A los EEUU no le faltan competidores. La unión Europea ha copiado el modelo de “buen gobierno”, que hace referencia a criterios de estabilidad y fiabilidad jurídico-financiera en aquellos países susceptibles de recibir fondos, elaborado antes por EEUU en su programa de ayuda al desarrollo Millennium Challenge Account, MCA, el cual, según un estudio realizado por el Área de Cooperación y Desarrollo del Real Instituto Elcano, acusa una sospechosa arbitrariedad a la hora de escoger los países que cumplen dichos criterios. Sea como sea, la UE sigue las mismas premisas, promoviendo una nueva estrategia de relaciones basadas en convenios de libre comercio condicionados por los criterios de “buen gobierno”. En esta línea, curiosa es la alusión a la conferencia de Berlín de 1885, en la que las potencias europeas se repartieron el continente africano, realizada por el Comisario Europeo para el Desarrollo, Louis Michel, durante la pasada cumbre de Lisboa. Precisamente, una de las ideas que justificaron aquella barbarie fue la filantrópica obligación moral de civilizar el continente. Desde entonces África no ha conocido más que el horror y el espanto.

Lo que sabemos es que garantizar la seguridad de los negocios y de las inversiones en terceros países, es un fin para cuyo logro se han justificado los medios más atroces, inimaginables para las siguientes generaciones tan proclives a olvidar. Así se explica la facilidad que tienen algunas ideas para transmitirse de padres a hijos, y el por qué los defensores del libre comercio hoy son los mismos que en 1885 defendían el filantropismo moral. Es evidente que un mercado de 1500 millones de clientes potenciales, puede estar acerando los colmillos de más de un tiburón.

A este respecto, del baremo de opinión, realizado en diciembre de 2007 por el centro de investigaciones sociales (CIS), se desprenden los siguientes datos: el 85.1% de los españoles cree que España debe cooperar internacionalmente para ayudar a solucionar los problemas que tienen los países menos desarrollados. Frente al 32.8% de españoles que cree que este tipo de colaboración ayuda “bastante” a resolver los problemas del subdesarrollo, el 42% cree que ayuda “poco”. De estos últimos, el 78.8% cree que las ayudas no llega a quienes realmente las necesitan.

Personalmente, y a fondo perdido, pienso que debe hacerse todo lo que sea posible por la gente de Somalia, pero, como no puede ser de otro modo, sin resignación. Por eso debemos, más que nunca, ser conscientes de que las injustas e injustificables causas de su situación, se derivan de un hacer político internacional que sobrevive subordinado a la regla económica dominante, ataviándola servilmente con un discurso de moral humanista que, como describiera Claude Levy Strauss, predica pero no practica, cuya ética se rinde sin dilación al beneficio económico privado en toda circunstancia, como hemos podido comprobar los últimos meses con los subsidios estatales al sistema bancario.

Tras estos últimos acontecimientos internacionales en el ámbito económico y político, a muchos se nos abre la siguiente expectativa: ¿Nos encontramos a las puertas de un nuevo proceso democratizador en nuestras sociedades? El profesor norteamericano, Noam Chomsky, asegura que el triunfo de Obama en EEUU, responde a la ilusión de posibilidad de cambio, y al sentimiento de necesidad inherente a que tal cambio se produzca, al menos en una mayoría de votantes Norteamericanos. Desconocemos en toda su complejidad, los pasos que, como humanidad, estamos dando en estos momentos de nuestra historia, pero podemos percibir que esa ilusión de cambio, no sólo promete transformar los planteamientos y estructuras sociales en los EEUU, la misma fiebre, viene atacando desde hace tiempo a millones de personas en toda Europa y en el mundo.

A dónde nos lleve este irrefrenable deseo colectivo de andar, depende de todos y cada uno de nosotros, sin distinción alguna de raza, color, sexo, o cualquier otra condición.

Un contexto social inexcusable

En cambio, sí parece razonable pensar que un sistema productivo en régimen de propiedad privada, capaz de súper-producir prescindiendo del trabajo humano, por razones obvias, no sea posible. Especialmente si tenemos en cuenta que los sistemas tributarios con que sostenemos los beneficios de nuestra sociedad de bienestar, dependen fundamentalmente de los salarios y de las rentas del trabajo, y no tanto del capital, origen de la súper-productividad y único receptor final de los beneficios.
En un extremo de nuestra sociedad, y más allá de lo meramente anecdótico, aquellas declaraciones que la multimillonaria, Leona Helmsley, realizara en el pasado: "Nosotros no pagamos impuestos. Sólo la gente corriente los paga", viene a explicar por qué de los 1500 ciudadanos españoles que, según el informe publicado por el banco de inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, ingresan cantidades superiores a 24.000.000 de euros al año, la
agencia tributaria tan sólo tiene registrados 65.

En el otro extremo están los más de 13 millones de ciudadanos de la Unión Europea que dependen del programa de ayuda alimentaria, y cuya cifra se prevé que aumente a más de 43 millones de personas, debido a las subidas del precio de los alimentos en los mercados internacionales; los más de dos millones de familias españolas que viven bajo el umbral de pobreza; los tres millones de ciudadanos que, trabajando, perciben el salario mínimo
interprofesional; el 34,2%, más de 7 millones de trabajadores que ingresan entre 1100-1200 euros mensuales; los 2.381.500 ciudadanos que se encuentran en situación de desempleo, ect. Es decir, aquella parte de la ciudadanía que durante los años 90, gran número de políticos agrupaba bajo el concepto de “clase inferior”, y que hoy, por razones de tacto, prefieren
denominar truly disadvantaged, los “verdaderamente desfavorecidos”. Antes ya del presente debacle financiero, aquellas personas a quienes las ayudas sociales apenas les ayudan a sobrevivir bajo el umbral de la pobreza, y muy especialmente las mujeres, con toda una vida constreñida al desempeño de trabajos domésticos y al mantenimiento familiar, ya venían padeciendo su
“particular” calvario, una crisis más honda y coactiva de las libertades fundamentales. Mientras sus derechos políticos y civiles les son reconocidos a bombo y platillo, al menos en calidad de votantes, sus derechos económicos y sociales han sido anulados, negándoles la oportunidad de realizar un plan de vida propio, como ciudadanos con plenos derechos y en igualdad de oportunidades.
La renta básica. Una utopía al alcance de la mano
Recordando al sociólogo francés, Pierre Bourdieu, es posible que hoy debamos volver a hacernos la misma pregunta que hace 13 años ya planteara el movimiento social de noviembre de 1995: ¿En qué sociedad deseamos vivir y en qué sociedad queremos que vivan nuestros niños?
El Filósofo y Economista Político, Philippe Van Parijs, en su obra Libertad real para todos, parte de la teoría de la justicia de John Ralws, para desarrollar la justificación política de lo que en nuestro país conocemos como la renta básica de ciudadanía, definida como “el ingreso que cada ciudadano de pleno derecho recibiría de la sociedad a través del estado, quiera o no trabajar de forma remunerada, sea rico o pobre, e independientemente de las otras posibles fuentes de ingresos, y sin importar con quién conviva”.
Siguiendo a Martha C. Nussbaum, previamente a toda justificación política, hemos de confrontar sus argumentos teóricos con nuestras intuiciones morales. En su día, la justificación política del sufragio universal se confrontó con las intuiciones morales de una época. El sufragio universal, no sin dificultades, resultó vencedor, y aun hoy sigue propagándose por el mundo. Del mismo modo, durante la primera mitad del siglo XX, la justificación política de los derechos humanos se confrontó con el sentido de la dignidad humana, uno de los ‘puntos fijos’ de nuestras intuiciones morales, resultando de aquel conflicto la aprobación en 1948, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hoy poseemos la capacidad de producir y distribuir la riqueza común de tal manera, que todo ciudadano, condición adquirida en el momento mismo de nacer, tenga garantizados sus derechos económicos y sociales fundamentales. Pero, retomando a Martha C. Nussbaum, un proyecto político democrático necesita de estrategias de implementación política democrática, sometiéndose
necesariamente a las deliberaciones de un parlamento democráticamente elegido.
La renta básica de ciudadanía, que surge para dar respuesta a la necesidad de asegurar la suficiencia material que garantice a todo ciudadano la oportunidad de auto-realizarse, haciendo de esta oportunidad de auto-realización un derecho constitutivo de ciudadanía, no es una propuesta nueva en el Parlamento. Es cierto, desde hace algunos años viene siendo discutida en el
Congreso, aunque con escasa o ninguna publicidad, a pesar de la trascendencia que tendría una medida semejante, no sólo por las consecuencias a corto plazo, reduciendo considerablemente la desigualdad social, sino también a largo plazo, porque se producirían transformaciones
culturales únicamente comparables a las producidas en las sociedades modernas tras la implantación del sufragio universal.
Un proyecto de este tipo, evidentemente, no cuenta con las medidas de presión, tan poco democráticas, de las que se vale el poder económico para influir en la toma de decisiones del poder político. Ni mucho menos quiero dar a entender que éste sea el principal motivo por el cual, el pasado año, 2007, por segunda vez y por mayoría parlamentaria, la renta básica de ciudadanía fuera rechazada en el Congreso. Sólo quiero decir, que su capacidad de persuasión, democrática, como tantos otros proyectos de corte social que buscan incrementar la libertad real de los ciudadanos, más allá de los bonitos discursos, sólo vendrá de la mano de la paciencia y, por supuesto, de la deliberación pública.
Por tercera vez, la Renta Básica de Ciudadanía pisará las arenas políticas del Parlamento. El pasado 6 de mayo, la mesa de la Cámara volvió a acordar la aprobación de una nueva propuesta para la creación de una subcomisión, con  el fin de elaborar un informe sobre la viabilidad económica de la Renta Básica de Ciudadanía. Posiblemente no será la última. Soñar resulta esencial para la vida. Aunque en ocasiones resulte tan extraño como imaginar al señor Cristobal Montoro diciendo algo así como: Es vital que la sociedad asegure a cada ciudadano los medios necesarios que garanticen su libertad real. Antes de dar luz verde, en nombre de su partido, a la Renta Básica de Ciudadanía.

POESÍA, COGE EL VOLANTE

Poesía, coge el volante.

Clava nuestros cuerpos astillados

en los sueños del verdugo.

Degüella la gola suplicante

de nuestra invisible cotidianidad.

Ahóganos en tus humos vírgenes;

retuércenos los tímpanos;

apriétanos las vísceras;

deshaznos

hasta dejarnos en nada.

Sin nada,

como manos vacías,

como plutón en el cielo,

para seguir comenzando

Damian H. Cuesta

Documento:

La propuesta de los 100 economistas sobre las pensiones: errores, medias verdades y silencios al servicio de la Banca