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ELINOR OSTROM: EL GOBIERNO DE LOS BIENES COMUNES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CIUDADANÍA

ELINOR OSTROM: EL GOBIERNO DE LOS BIENES COMUNES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CIUDADANÍA

Para algunos analistas, los ciudadanos y gobiernos locales no juegan papel alguno en la gobernación de los comunes. Desde que se publicó La Tragedia de los Comunes, de Garrett Hardin, a los usuarios de los recursos de agrupación común como la pesca, bosques o acueductos se les perciben como impotentes perpetradores de la destrucción de recursos. Hardin supuso que las personas siempre maximizarían sus propios beneficios materiales inmediatos y de corto plazo. Esto significaba que no podían hacer otra cosa más que sobreexplotar los sistemas de recursos que no pertenecieran a particulares o a una unidad gubernamental. El pronóstico de que los individuos destruirían los mismísimos recursos de los que dependían, concordaba con muchos modelos económicos de solución única, o con los escenarios de dilemas de repetición finita, en donde quienes buscan el beneficio propio a corto plazo, lograban mucho menos de lo factible, a si hubieran encontrado la manera de cooperar entre sí. La vívida descripción del ciudadano indefenso de Hardin abrió un acervo importante de obras teóricas y empíricas que retaron la universalidad de su trabajo. Muchos estudios arrojaron datos reales y argumentos teóricos que afrontaban las suposiciones de que las personas estaban atrapadas eternamente en una tragedia sin remordimiento.Se documentaron numerosos arreglos de gobernanza local en todo el mundo que mostraban cómo los usuarios de recursos habían vencido la tragedia. Resaltaron la importancia de las instituciones de propiedad común en la historia y en el mundo contemporáneo. En vez de sólo toparse con arreglos de propiedad privada o gubernamentales que apoyaban a usuarios a mantener un recurso de reserva común, los especialistas de muchas disciplinas descubrieron una diversidad de mecanismos para regirlos. Por otra parte, la investigación no ha encontrado “curas seguras” para solucionar los problemas complejos de gobernanza de un bien común. El fracaso aparece en relación con la propiedad privada, la gubernamental y la común. Ciertamente está garantizada la sobreexplotación de un recurso valioso cuando éste tiene, de hecho, un acceso libre sin derechos establecidos de propiedad. Hardin, y los miles de expertos y legisladores de muchas disciplinas que aceptaron su teoría como general, estaban en lo cierto al identificar un problema retador, especialmente ante condiciones de acceso abierto. Empero, su análisis quedaba incompleto porque sólo recetaban dos soluciones; ambas se las tenían que imponer las autoridades externas a los usuarios de recursos.

 

ENTENDER CÓMO RESUELVEN LOS CIUDADANOS LOS DILEMAS DE ACCIONES

COLECTIVAS

 

El amplio campo de investigación que ha desafiado la teoría de Hardin, tampoco ha sido coherente con el inmenso acervo de obras que se sustentan en la teoría del juego y en la teoría microeconómica de toma de decisiones individuales. En este artículo, sólo podré repasar brevemente los acontecimientos que posicionan a los ciudadanos como actores principales dentro de un enfoque complejo -y con muchos ejecutantes- sobre la gobernanza policéntrica de los recursos naturales. Describiré brevemente parte de la investigación experimental que ha comprobado que el modelo del individuo, usado implícitamente por Hardin, es muy estrecho. Luego, abarcaré algunos elementos básicos del análisis institucional para poder entender porqué los ciudadanos son capaces de crear instituciones que manejan exitosamente los comunes en ciertos entornos, pero no en otros. Finalmente, hablaré de los recientes esfuerzos que confían excesivamente en la descentralización como solución de problemas de recursos de agrupación común. En este capítulo, me centraré, sobre todo, en los comunes de recursos naturales, dada la investigación concluida en América Latina, que aborda el importante papel de los ciudadanos en la gobernanza de dichos recursos.

 

EL USO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL PARA ANALIZAR LA MANERA EN LA QUE LOS INDIVIDUOS TOMAN DECISIONES

 

Los resultados de estudios de campo de los arreglos organizados por ciudadanos para gobernar exitosamente los recursos de agrupación común, desconcertaron fuertemente a los investigadores, por ser inconsistentes con los pronósticos teóricos que seguían un modelo micro-económico del individuo. ¿Cómo podrían las personas vencer la tentación de querer recibir algo sin tener que pagar por ello? ¿No estarían actuando tontamente quienes ayudan a los demás a que les vaya mucho mejor, sin recibir el beneficio total de la propia cooperación? Estas preguntas son las que llevaron a un grupo de colegas de la Universidad de Indiana a diseñar un experimento de recursos agrupados comúnmente, ya probado repetidamente en laboratorios experimentales, y replicado en otros y en pruebas de campo en América Latina. El augurio de que los usuarios sobre-explotarán un recurso de agrupación común se ve sustentado por experimentos en donde los participantes desconocen a los demás, e ignoran cuándo no podrán comunicarse entre sí. El abrir repetidamente la oportunidad de una comunicación cara a cara no pronostica un cambio en el resultado -sin embrago, sí se modifica la conducta y los resultados. Los grupos que pueden comunicarse reiteradamente en un laboratorio logran alcanzar resultados prácticamente óptimos, en vez de hacer una sobreexplotación desmesurada. La comunicación da a los participantes, la oportunidad de analizar su forma de entender la estructura del escenario, y la manera de mejorar los resultados conjuntamente.

Juan Camilo Cárdenas ha trabajado en una amplia variedad de experimentos acerca de los recursos agrupados comúnmente en ambientes de campo en Colombia. La forma de decidir de los participantes, dependió de su identidad individual (como la solvencia que tienen, la preferencia por el bienestar de otros,

género y edad), y de nuestro diseño experimental. Para explicar estas diferencias en el nivel alcanzado de cooperación, desarrollamos un primer marco de trabajo, que aparece en la figura 1. Postulamos tres “niveles” que afectan las decisiones que toma una persona de cooperar en una situación de agrupación común: su identidad, el contexto grupal en el que toman decisiones, y si la situación se repite y si se puede usar la reciprocidad para ganarse la reputación de ser confiable. Estas variables resultaron ser algunas de las más importantes a nivel micro que explican la variedad de decisiones usadas para dominar las fuertes tentaciones de los dilemas de los recursos de agrupación común. Los valores individuales en sí no son suficientes para solucionar los problemas de esta índole. Sin instituciones que faciliten la construcción de reciprocidad, confianza y honradez, los ciudadanos enfrentan un reto real.

 

LA IMPORTANCIA DE LAS INSTITUCIONES

 

La complejidad de muchos recursos naturales impone que se requieran sistemas de gobernanza que sean sofisticados y de varios niveles o policéntricos, en vez de confiarlos a un solo tipo o nivel de gobierno.491 Quienes tratan de gobernar los recursos complejos se enfrentan a diferentes tipos de incentivos, que a menudo complican los esfuerzos colectivos, y los subsecuentes resultados. Entre más complicado es un recurso en términos del tipo de bienes y servicios que da, más retador es crear un conjunto de disposiciones institucionales bien diseñadas que compensen lo incentivos de sobreexplotar. Incluso, algunos actores podrían verse tentados a resistir a contribuir con arreglos gubernamentales al faltar a juntas, o no pagando sus cuotas de membresía. Otros podrían tratar de debilitar activamente las reglas para poder usar el recurso con menos limitaciones. Un sistema robusto de gobernanza reconoce el aspecto multiescalar de la gobernanza de los recursos naturales, al igual que la presencia de los incentivos individuales, y busca corregirlos.

Cuando los ciudadanos y sus funcionarios establecen organizaciones con autoridad decisión sobre la forma de gestionar un recurso, las aportaciones monetarias que se necesitan, y la autoridad de sancionar a quienes no contribuyen, organizan unidades de previsión o consumo colectivo. Muchas unidades de previsión, mas no todas, tienen un nivel formal de gobierno establecido, ya sea en el ámbito local, regional o nacional. Las unidades gubernamentales podrían ser de carácter general, o estar organizadas como distrito o régimen especial para efectos de dar un bien colectivo, o un rango limitado del mismo. Las asociaciones privadas que planean el uso de un recurso, y que también pueden sancionar, o incluso expulsar a quienes no contribuyen con su porción de recursos para el bien colectivo, también pueden fungir como unidades de consumo colectivo. Las ligas deportivas y condominios son dos tipos de asociaciones privadas que dan a sus miembros un bien colectivo. Otras formas de unidades de consumo colectivo incluyen a los agricultores quienes se organizan para gestionar un sistema de irrigación o un pastizal común; una dependencia nacional que monitorea los procesos de inversión o de producción de empresas privadas para proteger a los consumidores contra fraude o daño ecológico; un gobierno local, nacional o internacional que proporciona servicios de diferentes tipos; o incluso un cártel ilegal de sociedades privadas que decide el monto de producción que generarán conjuntamente. Así, las unidades de previsión existen en todos los entornos y en espacios tanto públicos como privados. Los participantes pueden, y de hecho lo hacen, instituir una diversidad de normas para ayudarse a vencer el problema de obtención gratuita, al decidir quién queda incluido y debe contribuir con recursos, y quién queda excluido y cómo excluirlo. Más aún, si el sistema de previsión continúa desarrollándose, los participantes (o sus representantes) seguramente establecerán normas específicas y permisibles de acceso y uso, métodos para monitorear la conducta y para sancionar a quienes infringen las normas, y formas de solución de conflicto.

Estos sistemas generalmente no se parecen a las versiones de texto de un gobierno o de una empresa privada con objetivo estricto de fines de lucro, especialmente cuando los participantes han formado sus propias unidades de autogobierno. Por ende, los expertos que siguen los conceptos tradicionales de “mercado” y “Estado” no los han reconocido como formas potencialmente viables de organización de previsión y, o hayan pedidos que se consoliden en un gobierno centralizado (como lo siguen haciendo los reformadores metropolitanos) o ignoran su existencia (como lo han hecho muchos economistas de recursos). Es un tanto irónico que numerosas instituciones vibrantes y autogobernadas se hayan clasificado mal o ignorado en una época de mayor democratización. Los esfuerzos recientes por “descentralizar” los arreglos gubernamentales tampoco reconocen la importancia de tener arreglos complejos y policéntricos y, a cambio, conciben un gobierno único en algún nivel que se encarga del ámbito de políticas.

 

NORMAS COMÚNMENTE ENTENDIDAS E IMPUESTAS

 

Un descubrimiento clave de la investigación empírica de campo es la multiplicidad de normas específicas en uso relacionadas con la previsión y producción de bienes colectivos que se encuentran en los sistemas operacionales. Una clase de reglas de las más importantes es la de linderos; ella determina quién y qué entra y sale de una organización de previsión. Las unidades de previsión enfrentan muchas limitaciones biofísicas cuando el bien es un recurso natural de agrupamiento común, como una cuenca de agua subterránea, un río o una cuenca de aire. Tales recursos tienen sus propios límites geográficos. Asemejar el linde de quién se beneficia y de quién contribuye con el cuidado de un recurso, es un reto mayor. Puede ser imposible en un régimen altamente centralizado. Además, los recursos de agrupación común en sí, pueden encontrarse anidados en una secuencia aún mayor de unidades de recursos, como una microcuenca establecida dentro de un gran sistema que finalmente desemboca en un río principal como el Rin o el Mekong.

Una vez que las reglas básicas de designación de límites está hecha, definen quién es el beneficiario legítimo y quién debe contribuir a la previsión de un bien colectivo, las unidades de previsión frecuentemente crean normas relacionadas con información que debe publicarse o mantenerse en secreto, con acciones que deben emprenderse o prohibirse, y con resultados (y sus consecuentes costos - beneficios) que deben alcanzarse y distribuirse. Un atributo esencial de normas eficientes es que las reglas deben ser conocidas y entendidas de manera general. Deben considerarse legítimas, seguirse regularmente y hacerse cumplir. La legislación escrita o disposiciones contractuales que no son de conocimiento común, no afectan la estructura de una situación de acción en particular, a menos que una persona dentro de dicha situación la invoque y, encuentre quién la haga cumplir. Así, uno de los problemas de hacer investigación empírica sobre el efecto de la variedad de arreglos institucionales, es tratar de entender las reglas que sólo existen en papel y no las usan los participantes, en comparación con las que son de su conocimiento común, y se aplican localmente pero no son parte de la estructura jurídica formal.

 

ATRIBUTOS DE UNA COMUNIDAD

 

Seguramente muchos atributos de una comunidad también afectarán las actividades de previsión. Estos incluyen el tamaño del grupo afectado, la homogeneidad o heterogeneidad de intereses, los patrones de migración hacia una comunidad o fuera de ella, y el plano temporal (tomada la duración del tiempo hacia el futuro en cuenta) que aplican los individuos ante situaciones en curso.

Para un analista institucional, el conjunto de preguntas importantes que debe abordarse incluye:

• ¿Existe un consenso general en normas relacionado con a quién incluir como miembro con beneficios y responsabilidades?

• ¿Entienden por igual los miembros, cuáles son sus responsabilidades mutuas y las fórmulas usadas para distribuir los beneficios?

• ¿Se consideran las reglas justas y legítimas?

• ¿Cómo se transmiten las reglas de una generación a otra, o a quienes migran al grupo?

Las respuestas a estas preguntas se verán afectadas por la diversidad de atributos en una comunidad. Para que un analista institucional logre entender la estructura de las situaciones de acción que se le plantean a tal comunidad, y por ende poder examinar los incentivos que se les presentan a los participantes y su posible conducta y resultados, el analista deberá suponer que una comunidad está realmente usando un conjunto de normas, y que por lo pronto continuará valiéndose de ellas en el futuro inmediato.

 

LOS FACTORES DE INTERACCIÓN MÚLTIPLE AFECTAN EL RESULTADO

 

Leticia Merino, coautora de este volumen, escribió un libro importante de los factores que trabajan juntos para mejorar la posibilidad de que las comunidades locales –quienes ya tienen asignado un alto nivel de autonomía para crear sus propias estructuras de gobernanza- realmente diseñen instituciones eficientes de gestión de recursos forestales. Estudió este tipo de bienes de seis comunidades, en tres estados de México: Michoacán, Oaxaca y Quintana Roo. Merino comprueba que la densidad poblacional de usuarios de un bosque no es una determinante clave que afecte la degradación del recurso. Ella ahonda en la gran diversidad de factores que potencialmente podrían explicar las variaciones en velocidades de deforestación observadas entre las seis comunidades, e investiga la relación entre las circunstancias locales, regionales y nacionales. En vez de encontrar un sólo elemento como causa primaria de los esfuerzos exitosos o de fracaso en la gestión de recursos forestales, encuentra un complejo conjunto de factores que unidos afectan los incentivos y la conducta de los ciudadanos-usuarios que conducen hacia un bosque de mejor calidad.

Las comunidades dentro de su estudio diseñan instituciones locales que trabajan bien para gestionar bosques locales cuando se ha desarrollado un capital social eficiente con el paso del tiempo dentro de una comunidad, y cuando los intereses de los miembros más poderosos de ésta se han alineado con la administración eficaz de los recursos forestales. Sin embargo, la gobernanza local siempre es parte de las políticas regionales y nacionales y se ve afectada por las mismas. Empero, Merino encuentra que los sistemas normativos regionales y nacionales no han promovido la silvicultura comunitaria en México.

Las normas eficientes e incentivos trasmitidos a ambientes regionales y nacionales son la excepción y no la regla en México. En todo caso, las políticas gubernamentales han generado más alicientes que obran en contra de una gestión eficiente de los bosques, que las que estimulan el desarrollo sustentable. Cuando no son un factor negativo activo que perjudican a una administración responsable local, las leyes estatales y nacionales simplemente ignoran las habilidades de los usuarios locales de desarrollar reglas eficientes, de monitorearlas y de imponer sanciones escalonadas que informen a usuarios que las infracciones se aplican sin arriesgarse a una reacción desmesurada.

 

LA DESCENTRALIZACIÓN COMO “REMEDIO” POLIVALENTE DE RECOMENDACIÓN RECIENTE

 

Dadas las dificultades de alcanzar un compromiso eficiente de parte de los ciudadanos en la gobernación de los comunes locales, la descentralización se ha convertido en una política recomendada con frecuencia.

Andersson, Gordillo y Van Laerhoven publicaron un excelente estudio sobre la descentralización y el desarrollo rural enfocado a Latinoamérica.En particular, abordaron Bolivia, Guatemala y Perú, y se apoyaron en los amplios estudios de campo emprendidos, en su mayoría, en 2002. Estos tres países son casos pertinentes para un estudio comparativo. Los tres comparten muchas características fundamentales biofísicas, socioeconómicas, históricas y culturales, pero difieren en relación a sus políticas de descentralización. Bolivia, Guatemala y Perú son relativamente pobres con grandes poblaciones rurales e indígenas, importantes recursos naturales, una alta proporción de cobertura forestal, y controversias frecuentes relacionadas con el uso de la tierra. Sin embargo, los tres países difieren mucho cuando se trata del grado de estructura de gobernanza descentralizada en los sectores de recursos naturales de cada país, aunque los tres tienen alcaldías elegidas localmente. Guatemala es quien más poder normativo tiene asignado a sus gobiernos locales, mientras que Perú casi no tiene facultades locales de toma de decisiones en los sectores de recursos naturales.

Bolivia y Guatemala promulgaron las leyes forestales reformadas en 1996. Fueron los primeros esfuerzos de descentralizar varias tareas y responsabilidades del sector forestal para trasladarlos del gobierno central a los municipales. Aún con esta reforma, los municipios bolivianos no están facultados para cobrar impuestos a las actividades boscosas, o cobrar cuotas a usuarios por los servicios producidos, ni multar a quienes se descubra desobedeciendo las normas y leyes gubernamentales. En contraste, los municipios guatemaltecos pueden gestionar sus bosques, ser dueños de ellos o hasta rentarlos. Dentro de los bosques municipales y comunales, los municipios guatemaltecos tienen la autorización de normar y gravar el uso forestal, siempre y cuando las reglas locales no contradigan el derecho nacional en esta materia. En Perú, las responsabilidades de gobernanza no se descentralizaron para nada. Los gobiernos centrales y regionales retienen el control total y formal del proceso de toma de decisiones de los sectores en recursos naturales. Para obtener datos suficientes acerca de las instituciones y acciones locales gubernamentales, Andersson, Gordillo y Van Laerhoven realizaron levantamientos de campo con una muestra aleatoria de 100 gobiernos municipales en Bolivia, Guatemala y Perú. El personal de investigación entrevistó a los alcaldes elegidos para obtener información en relación con sus prioridades en política, disposiciones de personal, relaciones con dependencias centrales y agencias no gubernamentales, y relaciones con usuarios de recursos naturales y ciudadanía en general. Adicionalmente, los equipos de investigación recopilaron información estructural y socioeconómica de cada municipio, cuyo producto generó casi todo de los datos del censo subnacional y de las bases de datos nacionales del sector forestal.

Andersson y Ostrom se apoyaron en los datos de este estudio para analizar la influencia de siete variables independientes del compromiso local en invertir en la gobernanza de recursos naturales. Incluimos primero el porcentaje del personal municipal gubernamental que trabaja con temas relacionados a la gestión de recursos naturales. Una segunda variable dependiente complementaria registró el punto de vista del alcalde relacionado con la prioridad política de gobernanza de recursos naturales durante su administración.

En un enfoque policéntrico del estudio de una gobernanza descentralizada de recursos naturales, postulamos que, en su mayoría, los procesos de multiniveles se han ignorado en la literatura empírica convencional sobre la descentralización. Por lo tanto, examinamos las interacciones entre actores en los tres niveles de gobernanza.

Vimos las transferencias financieras del gobierno central al gobierno municipal en el rubro de gobernanza de recursos naturales, y analizamos su forma de interactuar con la presión política de organizaciones locales centradas en la comunidad, y las organizaciones no gubernamentales que trabajan con la gestión de recursos locales. Dichas variables capturan las importantes estructuras de incentivos relacionadas con la rendición de cuentas política, y afectan el compromiso político del alcalde local hacia la gobernanza de recursos naturales. Los incentivos institucionales que nacen de las interacciones entre actores en todos los ámbitos de gobernanza, a saber, entre actores con diferentes puestos de autoridad, son determinantes importantes de la inversión gubernamental local en la gobernanza de los recursos naturales. Por ejemplo, cuando las interacciones con organizaciones locales se encuentran al mínimo, la probabilidad de observar una alta prioridad dada a los recursos naturales en un municipio es cercana a un tercio. En contraste, cuando dichas interacciones multiniveles ocurren con más frecuencia, la misma probabilidad se reproduce al doble o incluso más. Los incentivos institucionales claros influyen fuertemente en los alcaldes para que se enfoquen sobre los recursos naturales locales, sin importar el alcance de la descentralización. El resultado de las pruebas adicionales fue que no encontramos apoyo para ninguna influencia sistemática de descentralización en dos medidas de resultados: (1) la transferencia financiera del gobierno central a su contraparte municipal y (2) los tipos de presión política local relacionados con las políticas ambientales. La reforma formal de descentralización no explica bien la variación inter-país e intra-país de los compromisos locales hacia la gobernanza de los recursos naturales. Los resultados también sugieren que las características de las disposiciones institucionales locales, que gobiernan las interacciones entre autoridades municipales por un lado, y los grupos locales con los actores del gobierno central por otro, dan explicaciones poderosas de la variabilidad en los compromisos locales hacia el tema, sin importar las estructuras formales de gobernanza que existan la arena nacional. Al modificarse la escala física de un recurso, también lo hacen los tipos de bienes colectivos que lo ofrecen a los usuarios (variando desde los bienes privados de madera para combustible y hongos locales a nivel microescala, hasta lo bienes públicos globales de mantenimiento de un depósito estable de genes forestales o de almacenamiento de carbón en árboles, hasta el uso de éstos para estabilizar el clima). Los usuarios tienden a interesarse más en los bienes y servicios generados a nivel local y no tanto en los producidos en grandes escalas. La amenaza de un cambio importante climatológico es el resultado de la falta de atención que los ciudadanos en todo el mundo la han dado al efecto de sus acciones sobre la atmósfera global. Dadas las acciones fuertes de tantos grupos ambientalistas, los ciudadanos empiezan a prestarle atención a la escala global. La conciencia y acción ciudadanas, sin embargo, no son suficientes para solucionar el problema del cambio climático global, pero son importantes para influir en los gobiernos nacionales con el objeto que modifiquen sus políticas hacia el uso de procesos de generación de carbón.

Si se desea gobernar un proceso que dé incentivos a usuarios con el fin de salvaguardar la entrega a largo plazo de tal variedad de bienes, se necesita más que recursos financieros y mecanismos de rendición de cuentas en un sólo espacio de gobernanza. La mayoría de los expertos están de acuerdo que las variaciones grandes en resultados de las políticas existen en los países que han descentralizado su gobernanza de bienes y servicios públicos. Por lo tanto, el consenso existente es poco o no hay, sobre qué factores explican esta variación. Muchos estudios empíricos en existencia no van más allá de los límites de los gobiernos locales para analizar el por qué algunas unidades locales se desempeñan mejor que otras. A pesar de esto, los procesos que mejoran la eficiencia de un sistema de gobernanza generalmente son más grandes o más pequeños que la dinámica interna de cualquier administración gubernamental en particular. Una clave para los arreglos eficaces de gobernanza se encuentra en las relaciones entre actores quienes tienen interés en que se gobierne un recurso y no sólo un tipo de gobierno. El capital social que los ciudadanos pueden crear al relacionarse entre sí con organizaciones no

gubernamentales y con los actores gubernamentales de diferentes entornos es fundamental para lograr la retroalimentación eficaz, el aprendizaje y la creación de soluciones nuevas y mejores.

Al considerar la interacción entre los diferentes medios de gobernanza, es posible contribuir al entendimiento matizado de las oscilaciones en la variedad de resultados de gobernanza al gestionar los recursos de agrupación común al obedecer las necesidades e intereses de los ciudadanos. Hemos aprendido que éstos sí juegan un papel esencial en la gobernanza de estos recursos, y que los esfuerzos de colocar la responsabilidad total a expertos externos tienen poca probabilidad de protegerlos a largo plazo. La complejidad de los recursos a niveles locales, regionales y nacionales requieren de sistemas complejos de gobernanza que involucren la contribución ciudadana de distintas formas.

 

 

 

Elinor Ostrom,  la autora, es directora adjunta de la Universidad de Indiana en el Taller de Teoría Política y Ciencias de los Comunes. Además, es Directora Fundadora del Centro de Estudios de la Diversidad Institucional en la Universidad Estatal de Arizona

 

Artículo compilado por Silke Helfrich incluido en Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Bienes_Comunes_total_EdiBoell.pdf

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