Blogia
Ser Sociológico

EL PRIMER ROSTRO DE LA ESPERANZA

Es sabido que entre los criterios de comunicación estratégica de las grandes Corporaciones Empresariales y de las Instituciones Oficiales del Estado, no figura el de decir simplemente la verdad. Pero, en lo que concierne al segundo grupo, es decir, al gobierno, esto que damos por hecho no es excusable de ningún modo, menos aún dada la situación de colapso y desintegración social en la que se encuentra el país. Situación desesperada en la que, a estas alturas de la historia, el primer rostro de la esperanza sólo puede ser el rostro de la verdad.

El pasado 5 de noviembre el Ministerio de Empleo hizo públicos los resultados del paro registrado en el último trimestre de 2012.  Las cifras que ofreció difieren considerablemente de las facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística, obtenidas a partir de la Encuesta de Población Activa para el mismo periodo, el tercer trimestre de 2012. En tanto que las cifras de desempleo en España ofrecidas por el Ministerio fue de 4.883.521 personas paradas, las del INE elevaron dicha cantidad hasta las 5.778.100 personas.

Muchas personas se habrán preguntado cómo es posible tal diferencia. Y no es broma, estamos hablando de 894.579 personas demandantes de empleo que han desaparecido en el informe del gobierno. ¿Se tratará de un error del gobierno?, ¿será un error del INE?, ¿hay 4.883.521 parados como dice el Gobierno o, por el contrario, hay 5.778.100 como indica la EPA?

Efectivamente, dichos datos se corresponden con dos tipos de medición distintos entre los que existen diferencias sustanciales: mientras que el tipo de medición del paro empleado en la EPA, sigue estrictamente los criterios internacionales definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la normativa de la Comisión Europa que regula la Encuesta sobre las Fuerzas de Trabajo de la Unión (EFT), a la cual deben ajustarse las distintas encuestas de los Estados miembros, no ocurre lo mismo con el modelo estadístico del Ministerio determinado por la Orden Ministerial del 11 de marzo de 1985, el cual no se ajusta a dichos criterios internacionales.

¿Y por qué no se ajusta?, ¿quiénes son esas 894.579 personas desaparecidas de las cuentas del Ministerio?

            A pesar de lo que pretenden asegurar, lo cierto es que el paro registrado por los sucesivos gobiernos desde 1985 no comprende el conjunto total de personas desocupadas que están inscritas en las oficinas públicas de empleo demandando un trabajo. De acuerdo con la ley anteriormente citada, existen colectivos que son excluidos en el proceso de medición: los estudiantes demandantes de primer empleo; los trabajadores agrarios eventuales de Andalucía y Extremadura; los afectados por expedientes de regulación de empleo; o los parados que asisten a cursos de formación, constituyen el grueso de las 894.579 personas que a pesar de hallarse inscritos como demandantes de empleo en sus correspondientes oficinas, no constan en las mediciones del paro realizadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Es obvio, pues, que la información ofrecida por este gobierno tampoco se corresponde con la realidad del mercado laboral del país.

Desgraciadamente, hoy en día es moneda corriente el que los gobiernos se preocupen más por el impacto social de sus informaciones públicas, que por los principios de transparencia, sencillez y veracidad, que deberían ser consustanciales a toda información institucional.

Principios, además, tan fundamentales en una democracia como los mismos derechos que garantizan, a saber, la libertad de expresión, de opinión y el derecho a una información veraz.

 Damián Herrera Cuesta

nov. 2012

0 comentarios